La CPI enfrenta presión para ampliar su mandato sobre crímenes de guerra

Nuevo impulso para procesar los actos de agresión

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, se encuentra en el centro de un creciente debate internacional sobre sus limitaciones actuales para enjuiciar una de las violaciones más graves del derecho internacional: el crimen de agresión. Si bien la corte ha sido fundamental para abordar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad, su jurisdicción aún no se extiende plenamente al enjuiciamiento de los líderes que inician guerras de agresión, especialmente cuando son cometidas por o en el territorio de Estados que no son parte de su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.

Alemania y Suiza se encuentran entre los países que lideran los esfuerzos para cambiar esta situación. Durante una sesión especial de la Asamblea de los Estados Partes en Nueva York, que se extenderá durante tres días, las delegaciones diplomáticas debaten una enmienda largamente esperada al Estatuto de Roma que permitiría a la CPI procesar el crimen de agresión si este se comete en el territorio de un Estado miembro de la CPI, incluso si el país del autor no reconoce a la corte.

El punto ciego legal en la justicia global

La ausencia de un mandato claro para abordar la agresión ha sido criticada durante mucho tiempo como una grave falla del orden jurídico internacional. Si bien el crimen se introdujo formalmente en el Estatuto de Roma durante una conferencia celebrada en Kampala en 2010, solo unos 40 Estados ratificaron la enmienda, y muchos añadieron lagunas legales que les permitieron evitar el procesamiento. Grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, se opusieron a la enmienda, temiendo que sus propias acciones militares, como la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, pudieran ser objeto de escrutinio legal.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 reavivó la atención internacional sobre este vacío legal. Si bien la CPI ha emitido órdenes de arresto contra varios funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por crímenes de guerra -como la deportación forzosa de niños ucranianos-, no ha habido ningún recurso legal para el acto de agresión en sí: la invasión militar no provocada. Esta limitación ha llevado a los críticos a exigir una reforma urgente.

Alemania y Suiza dan un paso adelante

Alemania, que desde hace tiempo apoya a la CPI, aboga por una reforma integral del Estatuto de Roma que elimine las limitaciones actuales para el enjuiciamiento de la agresión. En un discurso pronunciado en La Haya en 2023, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, enfatizó la necesidad de abordar lo que describió como una laguna fundamental en el derecho penal internacional. Su propuesta incluye tanto revisiones a largo plazo del mandato de la CPI como el apoyo a soluciones temporales, como un tribunal específico para los crímenes rusos contra Ucrania.

Suiza se ha unido a Alemania para impulsar el cambio. Tras la ratificación formal del Estatuto de Roma por parte de Ucrania a finales de 2024, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, Suiza reiteró su llamamiento a todos los Estados miembros para que apoyaran la sesión especial de Nueva York. El gobierno suizo enfatizó que la rendición de cuentas por agresión debe ser ejecutable en la práctica, no solo en teoría. Si bien apoya la iniciativa paralela del Consejo Europeo para establecer un tribunal especial para la agresión contra Ucrania, Suiza ha expresado su preocupación por el alcance limitado del tribunal y su posible desviación de las normas internacionales del debido proceso.

La resistencia estadounidense y las contradicciones políticas

A pesar del renovado apoyo europeo a la ampliación de la autoridad de la CPI, Estados Unidos sigue siendo un obstáculo clave. Si bien no es parte del Estatuto de Roma, históricamente ha influido en los avances de la CPI. Recientemente, impuso sanciones a cuatro jueces de la CPI en respuesta a investigaciones que involucran a personal militar estadounidense en Afganistán y órdenes de arresto contra líderes israelíes. La postura de Washington refleja una renuencia generalizada a permitir que organismos internacionales cuestionen la política exterior o las acciones militares de Estados Unidos.

Para complicar aún más el panorama diplomático, las recientes declaraciones de funcionarios alemanes ponen en duda el compromiso de Alemania con la autoridad de la CPI. Las declaraciones que sugieren que las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se ejecutarán en Alemania han debilitado la postura de Berlín en las negociaciones internacionales y socavado la credibilidad de sus demandas de mecanismos de justicia internacional más sólidos.

Escrutinio global sobre la especulación bélica

A medida que se intensifican los llamamientos para ampliar la jurisdicción de la CPI, se introduce en el discurso internacional un nuevo elemento de rendición de cuentas: el papel de las empresas privadas en los conflictos. Un nuevo informe de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, acusa a las empresas multinacionales de lucrarse con la actual campaña militar israelí en Gaza. Albanese ha solicitado sanciones específicas e investigaciones legales contra las empresas presuntamente cómplices de violaciones de derechos humanos y especulación con la guerra.

El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, subraya la compleja interacción entre las decisiones geopolíticas y los incentivos económicos. Albanese argumenta que la persistencia de la violencia a gran escala se ve facilitada, en parte, por las cadenas de suministro corporativas internacionales que proporcionan equipo y servicios militares, a menudo con escasas consecuencias legales.

¿Reforma o estancamiento?

El éxito de la actual iniciativa de reforma depende de que una mayoría de dos tercios de los Estados miembros de la CPI presentes en la sesión de Nueva York acuerden enmendar el Estatuto de Roma. Sin embargo, muchos diplomáticos y observadores se muestran escépticos. Las naciones poderosas siguen ejerciendo una influencia significativa, y los esfuerzos para exigir responsabilidades a los agresores a menudo chocan con intereses políticos y económicos.

No obstante, el creciente consenso entre las democracias de potencia media como Alemania y Suiza sugiere un cambio de rumbo. Con Ucrania ahora plenamente integrada en el marco jurídico de la CPI, la corte se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir el alcance de la justicia penal internacional. Si esto se traducirá en un sistema jurídico más sólido y coherente, o en un nuevo acuerdo, sigue siendo incierto.