Votación de La Izquierda de Berlín: 160.000 pisos

El partido La Izquierda de Berlín (Die Linke) decide el sábado 31 de octubre, en un congreso regional del partido, si abre negociaciones formales de coalición con el SPD y Los Verdes. Si La Izquierda de Berlín dice que sí, la capital podría tener su primera alcaldesa de La Izquierda, Elif Eralp, y un gobierno que quiere pasar unos 160.000 pisos de alquiler de grandes caseros corporativos a propiedad pública. El Gobierno federal prepara una ley concebida para encarecer enormemente el plan, mientras la coalición también afronta presiones por el antisemitismo.

Por qué importa la votación de La Izquierda de Berlín

La Izquierda ganó las elecciones regionales de Berlín del 20 de septiembre con el 25,7 por ciento de los votos. La CDU quedó segunda con el 18,8 por ciento, seguida de AfD con el 16,3 por ciento, Los Verdes con el 14,3 por ciento y el SPD con el 12,1 por ciento, su peor resultado en la historia de la ciudad. La coalición saliente de CDU y SPD perdió su mayoría y, tras las conversaciones exploratorias, los tres partidos de centroizquierda acordaron un documento conjunto. El SPD y Los Verdes ya han aprobado el inicio de las conversaciones de coalición.

Eralp, que dirige el grupo de La Izquierda de Berlín en el parlamento regional, espera que el congreso respalde las negociaciones por una amplia mayoría. "Según mi valoración, el partido decidirá por una amplia mayoría iniciar negociaciones de coalición", dijo al Berliner Morgenpost, según informó la agencia dpa. Añadió que espera críticas en el congreso y que las considera legítimas, y que el partido tuvo que aceptar compromisos dolorosos porque obtuvo el 25,7 por ciento y no la mayoría absoluta. Según la agencia AFP, Eralp es una abogada de 45 años, hija de inmigrantes turcos, y podría convertirse en la primera alcaldesa gobernante de Berlín (Regierende Bürgermeisterin) de La Izquierda.

El acuerdo de coalición definitivo todavía tendría que ser aprobado por los tres partidos. Según dpa, la dirección del SPD de Berlín ha puesto en marcha una consulta a sus afiliados, La Izquierda prevé una votación vinculante de sus afiliados y Los Verdes quieren una consulta digital a sus afiliados seguida de una decisión en una asamblea de delegados.

El plan para socializar 160.000 pisos

La vivienda es el eje del proyecto. El documento exploratorio prevé pasar a propiedad pública los pisos de las grandes empresas inmobiliarias privadas, un proceso que en alemán se conoce como Vergesellschaftung (socialización). La mayoría de los medios, entre ellos The Local, describen el plan como dirigido a las empresas que poseen más de 10.000 pisos en Berlín. La agencia dpa describe el umbral de forma algo distinta: se verían afectadas las empresas con 10.000 pisos o más en la ciudad, pero podrían conservar un parque básico de 10.000 pisos. En total se traspasarían unos 160.000 pisos de cinco empresas. Según dpa, la mayor es Vonovia, con unos 130.000 pisos en Berlín, mientras que las cooperativas de vivienda, los arrendadores orientados al bien común y los pisos construidos desde 2021 quedarían excluidos.

La indemnización para las empresas tendría un tope de 16.000 millones de euros, una cifra que, según señalan varios medios, probablemente esté por debajo del valor de mercado. Según dpa, el dinero se tomaría prestado y se devolvería con los alquileres; un proyecto de ley se presentaría a mediados de 2028 y entraría en vigor un año después de su aprobación, por lo que The Local no espera que el cambio surta efecto antes de 2029. Los partidos también planean limitar al 2 por ciento anual las subidas de alquiler en las empresas públicas de vivienda y conceder 100.000 licencias de obra hasta 2031.

El plan se basaría en el artículo 15 de la Ley Fundamental (Grundgesetz), que permite pasar suelo e inmuebles a propiedad pública a cambio de una indemnización. A diferencia de la expropiación del artículo 14, nunca se ha aplicado, por lo que no hay jurisprudencia sobre su alcance. Hace cinco años, los berlineses votaron en un referéndum a favor de socializar las grandes empresas inmobiliarias y, según dpa, el sector inmobiliario ya ha anunciado recursos judiciales.

El contraplan de Dobrindt y la promesa de Merz

El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), presentó el 25 de octubre las líneas básicas de una Investitionsschutzgesetz (ley de protección de inversiones), de las que informó primero el diario Bild. Según el plan, un estado federado tendría que demostrar que la socialización es estrictamente necesaria y que se han agotado todas las alternativas, como las ayudas o la construcción de vivienda nueva. La indemnización tendría que corresponder al valor de mercado completo, fijado mediante una tasación pericial, y pagarse de inmediato en efectivo. Dobrindt dijo a Bild que un "arbitrario fetiche izquierdista de la socialización" es incompatible con la Ley Fundamental.

Eralp dijo en el programa Morgenmagazin de la ZDF que el plan es inconstitucional, con el argumento de que una ley federal no puede bloquear lo que permite la Ley Fundamental y de que la propuesta va dirigida contra los inquilinos, informó el portal de noticias jurídicas beck-aktuell. El copresidente federal de La Izquierda, Luigi Pantisano, vaticinó que no superaría el examen del Tribunal Constitucional Federal. También miembros de la coalición de gobierno expresaron dudas: el portavoz del SPD para derecho de arrendamiento, Hakan Demir, y la líder de Los Verdes, Franziska Brantner, cuestionaron que una ley federal ordinaria pueda restringir el artículo 15. Un portavoz del Ministerio federal de Justicia dijo que una prohibición general sería inconstitucional, pero señaló que los puntos de Dobrindt fijan condiciones y no una prohibición, según beck-aktuell.

El canciller Friedrich Merz (CDU) ha prometido en repetidas ocasiones frenar el plan de Berlín y ha instado al SPD, su socio de coalición a nivel nacional, a cambiar de rumbo. El SPD está dividido: a nivel federal respaldó a principios de este año la idea de una ley de protección de inversiones, mientras que el SPD de Berlín se sumó a la socialización. The Local señala que la CDU, la CSU y el SPD tienen en el Bundestag una mayoría de solo 12 escaños, de modo que un puñado de rebeldes podría bloquear la ley.

La disputa por el antisemitismo

Las conversaciones también se han visto empañadas por acusaciones de que sectores de La Izquierda de Berlín toleran el antisemitismo, un asunto que probablemente volverá a surgir en el congreso del 31 de octubre. El SPD, Los Verdes y La Izquierda firmaron una declaración conjunta de rechazo al antisemitismo, que afirma el derecho de Israel a existir y promete más competencias policiales para proteger la vida judía. Según AFP, algunos afiliados de La Izquierda ven la declaración como una traición a la postura propalestina del partido.

Eralp se ha distanciado de Vanessa Emde, diputada regional de La Izquierda acusada de cuestionar el derecho de Israel a existir. "Todos los afiliados de La Izquierda deben atenerse a nuestras resoluciones del partido. Ella no lo hizo", dijo Eralp, según dpa, y añadió que ya no existe una base común para trabajar juntas. AFP informó además de que, según el sindicato policial GdP, más de 70 agentes habían pedido el traslado a otros estados federados para no servir bajo un alcalde de La Izquierda.

Qué significa ahora el plan de La Izquierda de Berlín para los inquilinos

Por ahora, la decisión de La Izquierda de Berlín del 31 de octubre no cambiará nada para quienes viven de alquiler en Berlín. Su contrato de alquiler, su casero y su renta siguen igual, y las protecciones federales vigentes para los inquilinos se siguen aplicando. Aunque se forme la coalición, la ley de socialización no se presentaría antes de mediados de 2028, y los recursos judiciales son casi seguros. Si alquila a Vonovia o a otra gran empresa, no hace falta reaccionar a rumores ni firmar nada nuevo por este debate.

Está en discusión si la socialización abarataría los pisos. Vonovia cifra el alquiler neto medio actual de los pisos afectados en 8,26 euros por metro cuadrado, informó dpa, mientras que el economista del DIW Konstantin Kholodilin calculó que harían falta unos 9,78 euros para cubrir los costes sin subvenciones. El tope propuesto del 2 por ciento en las empresas públicas solo se aplicaría si se forma la coalición y lo pone en práctica. Los inquilinos que busquen asesoramiento sobre sus derechos actuales pueden acudir a una asociación local de inquilinos (Mieterverein) y leer nuestro resumen sobre derechos y obligaciones de los inquilinos. El contexto de la presión detrás del debate está en nuestro informe sobre alquileres al alza y oferta a la baja.